El Gobierno de Córdoba impulsa un proyecto de ley que busca prohibir la actividad de los llamados “naranjitas” ilegales y limpiavidrios en todo el territorio provincial, en un intento por ordenar el uso del espacio público y dar respuesta a reclamos sostenidos de vecinos.
El proyecto contempla que cada municipio tenga la potestad de decidir cómo actuar: podrá autorizar la actividad bajo un esquema regulado —con registro, identificación y controles— o directamente prohibirla. En este sentido, se apunta a establecer un marco legal uniforme que permita mayor control y evite zonas grises en la aplicación de normas.
La medida surge en un contexto donde la problemática lleva años instalada, con intervenciones policiales frecuentes. Solo en lo que va de 2026, ya se registraron más de un centenar de detenciones vinculadas a este tipo de actividades en la ciudad de Córdoba, lo que refleja la dimensión del fenómeno.
Además, desde el Gobierno indicaron que el proyecto incluirá programas de reinserción laboral destinados a quienes actualmente desarrollan estas tareas, con el fin de ofrecer alternativas dentro del mercado formal.
El anuncio también reavivó el debate político y social en torno a la regulación del trabajo informal y el rol del Estado, en un tema que combina seguridad, convivencia urbana y cuestiones sociales aún no resueltas de manera integral.