La medida fue adoptada por el presidente Alberto Fernández a través de un decreto y busca juntar las acusaciones contra la gestión del radical Gerardo Morales en el marco de las protestas en rechazo a la reforma constitucional provincial.
La medida fue adoptada por el presidente Alberto Fernández a través del Decreto 435/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Se trata de la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la Provincia de Jujuy, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos.