Crece la preocupación por lo que consideran una violación de los derechos fundamentales.
La petición fue entregada en una carta ante la sede del organismo en Ginebra, y otra ante la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas (ONU), donde expresan su preocupación por las violaciones a los derechos fundamentales de los jóvenes retenidos.
El comité, compuesto mayoritariamente por familiares y juristas, aseguró que los privados de libertad se encuentran en condiciones de reclusión sin garantías procesales ni información clara sobre su estado de salud o paradero.
Los firmantes explicaron que, además de la situación en centros de detención salvadoreños, se han registrado casos en los que mujeres venezolanas han sido privadas de libertad en territorio estadounidense, y sus hijos han quedado separados o institucionalizados, sin que se respete el principio de unidad familiar ni se brinden respuestas a sus parientes.
"Hoy vivimos una incertidumbre devastadora y es por ello que acudimos aquí, para luchar por nuestras familias", declaró Jetzy Arteaga,integrante del comité, al explicar por qué recurrieron a instancias internacionales.
Por su parte, Marelys Casique, también vocera del grupo, instó al presidente salvadoreño Nayib Bukele a reconsiderar su postura:"Considérelo, está a tiempo de corregir esta injusticia. Por favor, envíe a nuestros venezolanos a su país de origen y haga una justa revisión de sus casos".
Los familiares apelaron al respaldo humanitario de las agencias multilaterales para que se garantice el acceso a información, se revise el cumplimiento del debido proceso.
Este jueves, los familiares acudieron ante la sede de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para exigir su intermediación; mientras que el pasado martes se presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a denunciar lo que consideran "graves violaciones a los derechos fundamentales" contra sus parientes.
Los 252 venezolanos, en su mayoría jóvenes, fueron deportados por Estados Unidos a El Salvador el pasado 16 de marzo. En el país centroamericano fueron encarcelados en una prisión de máxima seguridad sin juicio previo.